El
Baúl de Solís.-A fin de contribuir a combatir la corrupción,
no solamente fortaleciendo el castigo sino también la prevención, el grupo
parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa propuso establecer
el 30 de abril de cada año como fecha límite para que el estado y municipios
rindan un informe del gasto público, avalado por firmas externas, y exigió que
el informe financiero incluya el avance físico de las obras auditadas por la
Auditoría Superior del Estado.
En su propuesta de reforma a
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como a la Ley de
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Dip. Ana Cecilia Moreno Romero
destacó que estas dos se suman a las anteriores que recientemente planteó
también su fracción legislativa para erradicar de manera, real y
eficiente, ese flagelo que se involucra en las obras públicas, y no
solamente a generar “estridencia” o “escándalo público”.
Señaló que estas propuestas
están dirigidas a fortalecer las tareas de supervisión sobre el uso de los
recursos públicos y de tener mejores elementos que permitan advertir
cualquier tipo de desvíos, ya sea en el ejercicio del presupuesto o en la
construcción de las obras, de manera que la ASE tenga mejores herramientas
jurídicas para que puedan actuar oportunamente al detectar cualquier
irregularidad o deshonestidad en los servidores públicos.
“Queremos modificar las leyes
para poder hacer mejor las cosas. Estamos proponiendo reformas jurídicas que
nos permitan evitar la deshonestidad y los actos de corrupción. Generalmente se
pone énfasis en castigar los actos indebidos, pero muy poco hemos hecho como
diputados para prevenir y para crear los mecanismos legales que impidan que los
funcionarios públicos actúen al margen de la ley”, manifestó la
legisladora.
Moreno Romero indicó que el
objetivo es que los estados financieros estén auditados por despachos contables
externos y reconocidos profesionalmente, de acuerdo con los lineamientos que
hayan sido expedidos por sus respectivos órganos internos de control, y
que las obras tengan, además, una mejor planeación, programación y evaluación
de la información, de manera que se detecten con oportunidad posibles
irregularidades.
“No estamos trabajando para la
estridencia o el escándalo público. Nosotros estamos proponiendo asuntos
relacionados con lo que realmente corresponde hacer a este Congreso del Estado;
que es legislar, y sobre todo legislar con calidad. Sería injusto para Sinaloa
que este tipo de iniciativas de ley vayan directo a la congeladora legislativa”,
indicó.



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