El
Baúl de Solís.-El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado propuso
establecer la objeción de conciencia entre el personal médico y de enfermería,
a fin de que puedan excusarse de participar en la prestación de servicios, con
la excepción de aquellos casos donde no se ponga en riesgo la vida del
paciente o se trate de una urgencia médica.
Al
presentar la Iniciativa ante la Oficialía de partes de la XLIII Legislatura,
donde se proponen adiciones a la Ley General de Salud, la Dip. Guadalupe Iribe
Gascón señaló que el plazo para adecuar las Leyes estatales a la federal se
venció en noviembre pasado, de allí la urgencia de aprobar, cuanto antes, estas
nuevas adecuaciones.
Aclaró
que esta nueva disposición, de ninguna manera representa un obstáculo para el
acceso oportuno y de calidad en la atención de la salud de las personas que así
lo requieran, sino solamente es un derecho reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
“Insistimos
en que la objeción de conciencia implica matices, que deben traducirse en
garantías para que los servicios médicos nunca sean negados, y establezcan la
referencia inmediata de quién requiere el servicio con otro prestador u otra
prestadora, que sí pueda atenderlo o suministrarlo”, manifestó la legisladora
en su intervención.
Iribe
Gascón manifestó también la necesidad de establecer reglas para que toda
institución médica cuenta con personal no objetor en todas las
instalaciones de atención médica, a fin de que esta medida obedezca a una
decisión individual del personal de salud involucrado en procedimientos
médicos, y que la misma se ejerza de forma justificada.
“Estaremos
atentos a que la Iniciativa sea debidamente tratada, mediante el proceso
legislativo correspondiente, anticipando que el tema de la objeción de
conciencia debe entenderse y atenderse desde la perspectiva de la progresividad
de los derechos humanos.
“Tenemos
la certeza de que legislar en materia de objeción de conciencia significa
insertar a Sinaloa en la tendencia mundial de las reformas de nueva generación
en la agenda de los derechos humanos”, manifestó la legisladora local del
PRI.
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