El
Baúl de Solís.-El grupo parlamentario del PRI en el Congreso
del Estado propuso establecer la objeción de conciencia entre el personal
médico y de enfermería, a fin de que puedan excusarse de participar en la
prestación de servicios, con la excepción de aquellos casos donde no se
ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.
Al presentar la Iniciativa
ante la Oficialía de partes de la XLIII Legislatura, donde se proponen
adiciones a la Ley General de Salud, la Dip. Guadalupe Iribe Gascón señaló que
el plazo para adecuar las Leyes estatales a la federal se venció en noviembre
pasado, de allí la urgencia de aprobar, cuanto antes, estas nuevas
adecuaciones.
Aclaró que esta nueva
disposición, de ninguna manera representa un obstáculo para el acceso oportuno
y de calidad en la atención de la salud de las personas que así lo requieran,
sino solamente es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Insistimos en que la objeción
de conciencia implica matices, que deben traducirse en garantías para que los
servicios médicos nunca sean negados, y establezcan la referencia inmediata de
quién requiere el servicio con otro prestador u otra prestadora, que sí pueda
atenderlo o suministrarlo”, manifestó la legisladora en su intervención.
Iribe Gascón manifestó
también la necesidad de establecer reglas para que toda institución médica
cuenta con personal no objetor en todas las instalaciones de atención
médica, a fin de que esta medida obedezca a una decisión individual del
personal de salud involucrado en procedimientos médicos, y que la misma se
ejerza de forma justificada.
“Estaremos atentos a que la
Iniciativa sea debidamente tratada, mediante el proceso legislativo
correspondiente, anticipando que el tema de la objeción de conciencia debe
entenderse y atenderse desde la perspectiva de la progresividad de los derechos
humanos.
“Tenemos la certeza de que
legislar en materia de objeción de conciencia significa insertar a Sinaloa en
la tendencia mundial de las reformas de nueva generación en la agenda de los
derechos humanos”, manifestó la legisladora local del PRI.
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