El Baúl de Solís.-La presidenta de la Comisión
de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, apuntó que el análisis del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, es de vital importancia por el
inicio del gobierno federal y la relevante función de la Cámara de Diputados,
para determinar si cumple con los objetivos marcados en la ley.
En el foro de “Análisis del
PND 2019-2024 en materia de justicia y Estado de derecho”, planteó que de
existir observaciones al Plan, la sociedad tiene la oportunidad de aportar sus
opiniones en el marco del parlamento abierto, alentando su participación.
El objetivo, dijo, es enriquecer
la opinión de la Comisión de Justicia rumbo a la construcción del PND, el cual
tiene varios apartados vinculados a la materia, como recuperar el Estado de
derecho, erradicar la corrupción, reactivar la procuración de justicia,
combatir el consumo de drogas, construir la paz y recuperar la dignificación de
las cárceles.
La diputada Adriana Espinosa
de los Monteros (Morena) apuntó la relevancia del parlamento abierto, para
escuchar a la ciudadanía y especialistas; hecho que redunde en enriquecer el
PND.
Blanca Lilia Ibarra Cadena,
comisionada presidenta de la Comisión de Acceso para la Información Pública
(INAI) de Puebla, resaltó la importancia de la transparencia y combate a la
corrupción para recuperar y fortalecer el Estado de derecho en México en el PND;
es decir, el cumplimiento de la ley para restaurar la confianza ciudadana, que
ha mermado y distanciado a las autoridades.
La vigencia y rescate del
Estado de derecho, sólo se preserva con instituciones que garanticen la
facultad de acceder a la información, esa es la llave para lograrlo.
“Tratándose de derechos humanos no cabe la opacidad, los secretos ni los
privilegios. En nuestras garantías y libertad, sólo cabe la rendición de
cuentas y el derecho a la libertad de expresión”.
Se pronunció porque se impulse
y promuevan mecanismos específicos para transparentar la gestión pública, la
integridad y ética, rendición de cuentas, simplificar y automatizar procesos
administrativos, propiciar el vigilante ciudadano y fortalecer la denuncia e
investigación.
El 59.1 por ciento de la
población ha experimentado actos de corrupción en su contacto con autoridades
de seguridad pública; 30.7 por ciento, al solicitar permisos de construcción o
uso de suelo y 25.1 por ciento, respecto a trámites con el Ministerio Público,
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del
Inegi.
Eduardo Bohórquez, director
ejecutivo de Transparencia Mexicana, afirmó que el Poder Legislativo
desaprovecha la facultad que tiene, para intervenir en la construcción de las
prioridades nacionales en el PND, porque sólo se discute el documento en su
carácter político y no en el técnico; construido con la participación de muchas
personas, con las directrices marcadas por el Ejecutivo federal.
“Una discusión de este calibre
y envergadura para el Poder Legislativo, debería hacerse tomando en
consideración los dos documentos enviados. Valorar si lo que se dice ahí cumple
o no con el proyecto de nación descrito en la Constitución.
El Congreso tiene una tarea
pendiente respecto de la Ley de Planeación democrática. “No hemos sido capaces
de captar el talento, inteligencia y conocimiento de la sociedad, para honrar
la esencia del parlamento abierto y trabajar juntos: sociedad, academia, sector
privado y legisladores.
México persigue un Estado de
derecho, donde éste se cumpla en la práctica, y si el PND no es el instrumento
para asegurar que los derechos consagrados en la Carta Magna se cumplan todos
los días, entonces “no sirve”, sea cual fuere la redacción, porque hay una
brecha histórica para lograr que la política pública se traduzca en hechos.
Armando Zúñiga
Salinas, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que “es
imposible pensar en el diseño de un Plan Nacional de Desarrollo sin considerar
que erradicar la corrupción y reactivar la justicia en el país, son factores
fundamentales para construir la seguridad y la paz”.
La inseguridad ha rebasado los
modelos de procuración de justicia ante los elevados índices de impunidad e
ineficiente marco jurídico con un sistema penitenciario inoperante y
anquilosado.
Propuso perfeccionar el
esquema de policía en funciones de seguridad procesal, cumplir las medidas de protección
a víctimas, conformar asesores jurídicos, homologar el modelo de medidas
cautelares y capacitación de los operadores del sistema de justicia.
Javier Carrasco, director
ejecutivo del Instituto de Justicia Proceso Penal, aseguró que no hay claridad
en el rumbo que debe seguir el sistema de justicia penal en el PND, porque no
se ha entendido el trasfondo de la inseguridad, corrupción e impunidad. “No
podemos legislar sobre derechos humanos a partir de la campaña política,
significaría populismo penal muy grave”.
Refirió serios problemas de
operatividad en el Sistema Penal Acusatorio, debido a que se designaron de
nueva cuenta a los “amigos” en los puestos claves, alentando malas prácticas y
corrupción, sin proponer y establecer el servicio civil de carrera para
garantizar prácticas éticas.
Consideró que la transición de
las procuradurías a fiscalías, sólo se han constreñido a un cambio de nombre,
en la práctica, se replican las acciones que ya existían. Se pronunció por un
sistema de justicia en el PND, que responda a las necesidades de seguridad
integral para toda la ciudadanía.
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