El Baúl de Solís-El presidente de la Comisión
de Pesca, diputado Maximiliano Ruiz Arias, apuntó que la perspectiva del sector
es complicada debido a la corrupción, escasez presupuestal, sobreexplotación de
especies, captura furtiva y transgresión de fechas para vedas.
Ante este panorama, consideró
adecuado la reordenación integral que realiza la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (Conapesca), porque “si no nos metemos en ese tipo de
ordenamiento, el sector difícilmente va a recuperarse a corto plazo”.
Agregó: “no estamos en la
mejor opción para detenernos a pensar si le ponemos remedio o no al asunto que
afecta al sector pesquero. O le ponemos remedio o no vamos a tener sector
pesquero”, advirtió.
También se requiere de un
sólido andamiaje jurídico para reglamentar y optimizar la acuacultura y la
pesca en general, indicó.
Estimó que será a partir del
próximo periodo ordinario de sesiones cuando la comisión inicie el análisis
conjunto con pescadores, expertos y organizaciones privadas a la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, sin descartar eventuales reformas
constitucionales al artículo 27.
Sin embargo, el fondo de la
problemática no es la existencia o no de reglamentaciones, sino su cumplimiento
y la vigilancia a fin de que se respete el marco jurídico.
Para lograrlo, dijo que se
tienen que implantar sistemas de vigilancia con el uso de la tecnología
disponible, pero “todo eso cuesta; sin embargo ya se están haciendo algunos
esfuerzos en esa dirección”.
Ruiz Arias destacó que el
ordenamiento pesquero implica ir a la raíz de los problemas que llevaron a la
condición en que se encuentra, a fin de aspirar a tener un sector sano y
realmente competitivo, porque es parte de la soberanía alimentaria.
Eso exige reglas claras para
que el pescador realice su actividad, se otorguen permisos, identificación de
las embarcaciones y derrama de recursos utilizados. De no hacerse este tipo de
planeación vamos a seguir con el mismo procedimiento de sólo repartir dinero
sin que se produzca ningún tipo de efecto en la actividad, consideró.
Además, atender las
actividades ribereñas y en granjas acuícolas, así como problemas de
contaminación, estudios de impacto ambiental, sanidad, respeto de áreas
restringidas por los pescadores de altamar e identificar a las grandes
embarcaciones que frecuentemente no acatan las vedas y depredan áreas de
reproducción, sin dar tiempo que las especies crezcan, propiciando
sobreexplotación.
Resaltó que los anteriores
presupuestos nunca se ejercieron con transparencia ni se direccionaron hacia
las necesidades reales de los pescadores.
El legislador por Sinaloa
descartó el riesgo de perder el camino que se quiere alcanzar con el
reordenamiento pesquero. “Nos entregaron un tren maltrecho, pero el tren tiene
que seguir caminando mientras lo reparamos. No nos vamos a perder, ni tampoco
la actividad pesquera va a venir a la baja, mínimo se va mantener como está,
con la idea de que la productividad aumente, por mejores controles y sistemas de
vigilancia”.
Advirtió que hay todo un
catálogo de especies que ya están definitivamente en la lista de las
sobreexplotadas, por ello se tiene que regular su captura.
Países como China, Ecuador,
Perú o India lo han hecho y de manera drástica. Chile, por ejemplo, una de sus
principales pesquerías las redujo hasta en un 60 por ciento, precisamente con
base en darle sustentabilidad a la especie.
México enfrenta un serio
problema: “Ya no tenemos atún ni sardina, los barcos salen a aguas
internacionales o a otros países a capturarlas”, así como esas pesquerías hay
otras sobreexplotadas.
La Carta Nacional Pesquera
refiere que más del 50 por ciento de las especies consignadas están ya bajo el
rigor de la sobreexplotación o a punto de entrar en ese régimen. Así de
drástico está. Incluye camarón, anchoveta y muchas más.
La captura ha sido muy
desordenada y la pesca ilegal contribuye a acrecentar el problema, porque no se
respetan los tiempos de veda dañando la reproducción. Una opción para reducir
estas prácticas, consideró, radica en la compra mediante algún tipo de control
en la comercialización. Además de frenar a quienes proporcionan documentos en forma
ilícita para blanquear la actividad y ofertar en el mercado, situación que daña
a toda la cadena productiva.
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